Las interrupciones de la docencia durante el año escolar 2025-2026 han generado pérdidas educativas estimadas en RD$4,471 millones, según datos presentados por Acción Empresarial por la Educación (Educa).
La entidad informó que cada día sin clases representa un costo aproximado de RD$883 millones en valor educativo no impartido. El cálculo se basa en el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación para 2025 y el calendario oficial de 191 días lectivos.
De acuerdo con el informe, durante el presente año escolar se han perdido 1,384 horas de docencia y se han visto afectados 61 días lectivos debido a 55 convocatorias de suspensión que impactaron a 7,921 centros educativos públicos y semioficiales del país.
Los datos revelan que el 31.9 % de los días transcurridos en el calendario escolar ha registrado algún tipo de interrupción, situación que, según Educa, compromete la calidad del aprendizaje y el aprovechamiento de la inversión pública en educación.
Entre las principales causas de suspensión figuran los fenómenos meteorológicos, que representan el 24.5 % de los casos, y los paros y huelgas sindicales, con un 25%. También se reportan afectaciones por festividades locales, asambleas docentes, congresos, problemas de infraestructura y falta de servicios básicos.
La Regional 05 de San Pedro de Macorís encabeza la lista de las más afectadas, con 18 días de clases perdidos. Le siguen las regionales de Santo Domingo, San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Higüey y Cotuí.
La directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, afirmó que cada jornada sin docencia representa una pérdida de oportunidades para miles de estudiantes y reduce el impacto de los recursos invertidos por el Estado en educación.
Durante la presentación de los resultados, la organización lanzó el Monitor del Impacto Económico de la Suspensión de Clases, una plataforma desarrollada junto al Foro Socioeducativo, la Federación de las Apmae y Fe y Alegría.
La herramienta permitirá medir en tiempo real el costo educativo de las interrupciones, identificar las incidencias por territorio y recibir reportes de directores, docentes, familias y comunidades educativas.
