La presidenta de Procompetencia, María Elena Vásquez Taveras, advirtió que la competencia desleal representa una seria amenaza para la inversión, la productividad y el desarrollo empresarial en la República Dominicana, al favorecer a quienes incumplen las normas y perjudicar a las empresas que compiten de manera legítima.
Durante la conferencia “Competencia desleal, fortalecimiento institucional y el rol de Procompetencia frente a las prácticas que distorsionan los mercados”, realizada en un encuentro empresarial organizado por la Unión Nacional de Empresarios, la funcionaria llamó a respaldar el Proyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica.
Vásquez Taveras explicó que esta iniciativa permitirá fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar las prácticas que alteran el funcionamiento de los mercados, al tiempo que ofrecerá mayores garantías para la inversión y el crecimiento económico.
“La competencia desleal no es solo un conflicto entre empresas, sino un problema de política pública que afecta la innovación, la productividad y el desarrollo económico”, afirmó la titular de Procompetencia, al destacar que las empresas necesitan reglas claras e iguales para todos los participantes del mercado.
La funcionaria señaló que prácticas como el engaño, la publicidad engañosa, la explotación de reputación ajena, la imitación indebida y la violación de secretos empresariales generan ventajas ilegítimas y perjudican a quienes cumplen con las normas.
Asimismo, reconoció que el sistema actual presenta limitaciones que reducen la efectividad de las acciones contra las prácticas anticompetitivas, entre ellas la falta de mayores facultades sancionadoras, dificultades para acceder a información relevante y la fragmentación institucional.
Según explicó, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Commercial Law Development Program han recomendado fortalecer el marco legal e institucional del país en materia de competencia.
El proyecto contempla la creación de la Autoridad Nacional Antimonopolio y Competencia Económica, así como un régimen moderno de control de concentraciones económicas, programas para detectar cárteles, mayores facultades de investigación y un sistema sancionador actualizado.
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es que permitirá sancionar tanto a empresas como a personas físicas que participen o faciliten conductas anticompetitivas o desleales, fortaleciendo el carácter disuasivo de la legislación.
Por su parte, el presidente de la UNE, Julio García, destacó la importancia de promover una competencia efectiva y aseguró que la seguridad jurídica y las reglas previsibles son fundamentales para garantizar inversiones sostenibles y el desarrollo productivo del país.
