SANTO DOMINGO. El Gobierno dominicano dio a conocer el reglamento que pone en marcha la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos mediante la emisión del Decreto número 384-26. La iniciativa presidencial tiene como propósito fundamental impulsar la transición progresiva de los servicios públicos hacia un modelo de gestión anticipatorio fundamentado en eventos de vida.
La normativa establece el marco mínimo obligatorio para el diseño, implementación, operación, seguimiento y evaluación de estos servicios en la Administración Pública bajo dependencia directa del Poder Ejecutivo. Según detalla la disposición, la estrategia se articulará a través de un Portafolio Nacional por Eventos de Vida y se ejecutará bajo estrictos criterios de interoperabilidad, gobernanza de datos, trazabilidad, auditoría, atención omnicanal, mecanismos de corrección y reclamo, complementados con supervisión humana en los casos requeridos.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, manifestó su satisfacción ante la medida, señalando que este reglamento sitúa al país a la vanguardia de la transformación de los servicios públicos en la región. Freund explicó que el proceso permitirá la evolución de una administración reactiva y burocrática hacia un Estado anticipatorio que, mediante la detección automática de hitos como el nacimiento, la educación, el empleo y la jubilación, defina de manera proactiva las asistencias futuras requeridas por el ciudadano.
Rectoría y ámbito de aplicación
El decreto define un ámbito de aplicación obligatoria para los ministerios, órganos, entes y organismos de la Administración Pública central y descentralizada funcionalmente bajo tutela del Poder Ejecutivo que gestionen trámites, registros o plataformas vinculados a estos servicios.
La rectoría funcional, la conducción metodológica y la articulación del Portafolio Nacional quedarán bajo la responsabilidad del Ministerio de Administración Pública (MAP). Por su parte, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) asumirá la implementación, integración y soporte de las soluciones tecnológicas transversales, conforme a los lineamientos del MAP. Asimismo, las entidades sectoriales correspondientes conservarán las competencias sobre las reglas de elegibilidad, los actos administrativos y la calidad de sus datos.
De la aplicación reglamentaria quedan excluidos los órganos constitucionalmente autónomos, los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales, para los cuales la adopción de estos principios tendrá un carácter estrictamente exhortativo. De igual manera, se excluyen las actuaciones administrativas no vinculadas a la prestación de servicios proactivos dentro del ámbito del Poder Ejecutivo.
Implementación y concepto estratégico
La puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos 2026–2028 registró sus primeros pasos a finales de abril de este año. El MAP, en coordinación con el Gabinete de Políticas Sociales, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Programa Supérate, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y los hospitales Hugo Mendoza y Reynaldo Almánzar, iniciaron talleres especializados dirigidos al diseño y desarrollo de este esquema de gestión.
Bajo este nuevo ecosistema normativo, el «servicio proactivo» se define como aquella prestación en la que el Estado anticipatorio detecta eventos de relevancia en la vida de los ciudadanos y activa de oficio las facilidades correspondientes sin necesidad de una solicitud previa, garantizando en todo momento la trazabilidad, el control y la capacidad de reclamo del usuario.
