Conflicto en Medio Oriente: efectos sobre precios, finanzas públicas y medidas de mitigación
Santo Domingo, República Dominicana – 11 de mayo de 2026 – El conflicto geopolítico en Medio Oriente genera cambios en los mercados energéticos globales con repercusiones en la economía nacional. Así lo expusieron autoridades y especialistas, quienes detallaron alcances, proyecciones y mecanismos de respuesta por parte del Estado.
Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, indicó que el contexto actual constituye una alteración significativa para el mercado petrolero, caracterizada por incertidumbre sobre su duración y efectos a largo plazo. Durante su participación en el programa Hoy Mismo, explicó que las acciones del gobierno tienen como fin mitigar el impacto, pero no eliminarlo totalmente.
“Esto se va a sentir, lo que puede hacer un gobierno es mitigar porque la magnitud del choque externo es muy grande y todavía el petróleo afecta muchísimos sectores claves… Todos vamos a tener que pagar de una u otra forma la crisis; el gobierno puede mitigar, sobre todo en la población más vulnerable, pero esto va a costar dinero”, señaló.
Como fuentes de financiamiento para estas medidas, el ministro mencionó la posibilidad de ampliar el déficit fiscal, como ocurrió en 2008, o reasignar partidas presupuestarias hacia rubros considerados prioritarios.
El economista Haivanjoe NG analizó la adecuación de las proyecciones oficiales. Según indicó, el presupuesto nacional se formuló con una referencia de precio cercana a los 48 dólares por barril, posteriormente ajustada a 80 dólares, aunque sin modificar la estructura financiera correspondiente. Ante la persistencia de precios altos y volátiles, estima que los efectos se trasladarán gradualmente a los hogares, con incidencia directa en el costo de combustibles, transporte, alimentos y poder adquisitivo.
Por su parte, el también economista Daniel Toribio evaluó instrumentos como congelamiento de precios, reducción temporal de impuestos, subsidios al transporte o apoyo a productos básicos. Destacó que estas medidas implican costo fiscal y, sin reglas claras, pueden financiarse mediante deuda, aumento del déficit o recortes a inversión pública.
Planteó que la gestión debe incluir transparencia en la fórmula de precios de combustibles, ajustes temporales de impuestos, subsidios focalizados en transporte público y carga alimentaria, control de márgenes comerciales y reducción de gastos no prioritarios. Señaló que el aspecto central no es la existencia del costo, sino la distribución, monto y forma en que se haga público el proceso.
Según las evaluaciones presentadas, la estrategia oficial combina ajustes de precios y subsidios, bajo prioridades definidas para el ciclo político vigente.
