Santo Domingo, R.D. – 22 de abril de 2026 – La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) ha manifestado que la actualización del marco legal minero es un instrumento para la custodia de los recursos naturales del Estado.
Según Camipe, la Ley 146-71 ha cumplido su ciclo, y resulta insuficiente frente a los desafíos climáticos y las garantías establecidas en la Constitución de 2010.
La propuesta de Camipe busca que la nueva ley incorpore las “No-Go Zones” (zonas de exclusión), donde la biodiversidad y el agua sean prioridades. Camipe sugiere que el Estado, con base en estudios hidrogeológicos y criterios científicos, determine las áreas no aptas para la actividad minera.
Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, afirmó que conocer dónde no operar es relevante. Sostuvo que se busca que la ley dote al Estado de mecanismos para prohibir la actividad donde la ciencia lo indique, integrando la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
La propuesta técnica de Camipe exige que la remediación ambiental sea una obligación financiera ejecutable desde el inicio de la operación minera.
Pedro Esteva, presidente de Camipe, declaró que la minería responsable está interesada en reglas claras y estrictas. Agregó que República Dominicana necesita una legislación que no solo considere el potencial mineral, sino que también proteja el agua y el bosque a través del rigor científico.
