SANTO DOMINGO. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) reveló que el 32.7% de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la República Dominicana están lideradas por jóvenes de entre 18 y 39 años, pero de este universo, un alarmante 65% opera bajo el esquema de la informalidad.
Los datos se desprenden de la investigación titulada “Emprendiendo en la informalidad: una restricción estructural al desarrollo de las mipymes jóvenes en República Dominicana”, un documento elaborado por el gremio empresarial a partir de las estadísticas oficiales del Banco Central y del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
De acuerdo con las conclusiones del estudio, las unidades productivas juveniles no reguladas se concentran de forma mayoritaria en los sectores de servicios, comercio al detalle y alimentación; actividades económicas que la entidad técnica define por poseer menores niveles de productividad estructural. En contraposición, el informe resalta que aquellas empresas que sí logran dar el paso hacia la formalización institucional registran una participación mucho más activa dentro de los renglones industriales y financieros, lo que dinamiza su inserción en el mercado corporativo.
La investigación de ANJE pone en relieve una marcada disparidad económica al evidenciar que las mipymes jóvenes formales perciben ingresos anuales que superan de media los cinco millones de pesos, una cifra que representa aproximadamente cinco veces más que los recursos captados por los negocios informales, cuyos ingresos anuales apenas promedian los RD$836,000. Ante esta realidad, el gremio advierte que la informalidad empresarial juvenil responde a desafíos estructurales mucho más profundos que el simple proceso o trámite del registro inicial de una compañía en los estamentos del Estado.
El presidente de la ANJE, Boris De León Reyes, puntualizó que aunque la juventud dominicana posee el deseo genuino de emprender y apostar por la legalidad, la carga regulatoria y la rigidez fiscal histórica actúan como barreras que lastran la competitividad de sus proyectos desde la etapa inicial. El dirigente empresarial valoró los avances logrados recientemente mediante la Ley núm. 30-26, la cual establece la exención del pago de anticipos fiscales para las microempresas, pero insistió en que el segmento de los emprendedores jóvenes requiere todavía de un abordaje normativo mucho más focalizado y adaptado a sus realidades.
Como respuesta propositiva para mitigar esta problemática, la asociación empresarial planteó formalmente al Poder Ejecutivo la creación de la «Certificación Mipyme Joven», concebida como un instrumento de política pública gradual y verificable enfocado en facilitar una transición progresiva hacia la regularización. El proyecto contempla implementar una primera fase con incentivos directos en los procesos de contratación pública y planes de formación técnica, seguida de una segunda etapa orientada a reformas legislativas que habiliten un tratamiento tributario, laboral, administrativo y de seguridad social diferenciado para el sector.
