El sistema financiero de la República Dominicana ha exhibido un crecimiento balanceado y estable durante el último año, a pesar del panorama convulso, complejo y de alta incertidumbre que transita la economía mundial. Esta resiliencia ha sido influida, en gran medida, por las políticas monetarias y financieras implementadas por el Banco Central para promover una adecuada gestión de riesgo en las entidades de intermediación financiera, así como por el robusto desempeño demostrado por dichas entidades.
En ese orden, este artículo examina brevemente las principales medidas adoptadas y los resultados para el sistema financiero, a fin de mantener informados a los agentes económicos y al público en general sobre las condiciones y perspectivas del sistema financiero hacia 2026.
1 Promoviendo la gestión prudencial de riesgos
El sistema financiero dominicano ha preservado las condiciones de estabilidad, a pesar de la incertidumbre global y la volatilidad en los mercados financieros internacionales. En efecto, las últimas informaciones financieras disponibles a la fecha dan cuenta que los activos totales de las entidades de intermediación financiera crecieron 7.9% a diciembre de 2025, alcanzando los RD$4.15 billones (52.2% del producto interno bruto -PIB-), donde la cartera de crédito se expandió 9.2%, para contribuir con el ritmo de expansión de la actividad económica.
Por el lado del pasivo, al cierre de 2025 las captaciones del público alcanzaron RD$3.19 billones, equivalentes al 40.1% del PIB, tras exhibir un crecimiento interanual de 10.6%. Por su parte, las entidades de intermediación financiera aumentaron su patrimonio neto en RD$53,582 millones (11.5%) hasta totalizar RD$521,382 millones (6.54% del PIB). En ese orden, conforme a los principales resultados del balance general, el retorno sobre patrimonio (ROE) se ubicó en 21%, mientras que el retorno sobre activos (ROA) se situó en 2.5%, a la vez que el coeficiente de solvencia alcanzó 19.9% a diciembre de 2025, niveles holgadamente superiores al mínimo regulatorio de 10% exigido en la Ley Monetaria y Financiera y a los promedios regionales de Centroamérica y el Caribe.
Este desempeño apropiado del sistema financiero ha estado influenciado, en gran medida, por las políticas monetarias y financieras implementadas por el Banco Central, entre las que se destacan aquellas destinadas a limitar el riesgo cambiario-crediticio en un entorno de alta incertidumbre externa que podría afectar el mercado cambiario y los flujos de capitales. Para estos fines, la Junta Monetaria adoptó nuevas medidas para ordenar las colocaciones de crédito en moneda extranjera y reducir el descalce de monedas entre los agentes económicos, esto es el pago de compromisos en moneda extranjera a partir de ingresos en moneda local, lo cual puede comprometer la capacidad de pago de los agentes y la estabilidad del sistema financiero.
Conforme a lo descrito precedentemente, la Junta Monetaria mediante su Primera Resolución de fecha 13 de marzo del 2025, estableció nuevos límites para la concesión de créditos en moneda extranjera a los sectores no generadores de divisas, donde estos créditos pueden otorgarse hasta el 25.0% de las captaciones del público en moneda extranjera. En adición, mediante la Segunda Resolución de fecha 24 de marzo de 2025, se dispusieron nuevos límites a la posición neta en moneda extranjera (esto es la diferencia entre activos y pasivos en divisas), donde los nuevos límites para la posición larga y corta serán de hasta el 25.0% del capital pagado y reservas legales para las entidades de intermediación financiera, agentes de cambio, así como los agentes de remesas y cambio.
En lo concerniente a la convergencia hacia las mejores prácticas internacionales en materia de regulación prudencial, transparencia e información financiera, la Junta Monetaria autorizó la implementación de la metodología contable de valor razonable (mark-to-market) para los portafolios de inversión de las entidades de intermediación financiera. Bajo esta nueva disposición, con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2026, los estados financieros de las referidas entidades reflejarían en tiempo real el valor económico de sus inversiones, lo cual robustecería la gestión de riesgos de mercado y la capacidad del sistema financiero para anticiparse de forma proactiva a mayores necesidades de capital en entornos globales de mayor incertidumbre. De la misma forma, esta iniciativa habilita futuras actualizaciones de las reglamentaciones sobre riesgos de mercado, de liquidez, así como para operaciones de derivados como parte de un esfuerzo gradual de adopción del marco de Basilea.
En ese mismo ámbito, la Junta Monetaria aprobó la modificación integral del Reglamento de Riesgo Operacional para fortalecer la gestión de riesgos de las entidades de intermediación financiera de acuerdo con los principios del marco regulador internacional para los bancos de Basilea. En ese sentido, la modificación de este Reglamento se orienta a robustecer las mejores prácticas y estándares de gobernanza, requerimientos de capital, así como promover una gestión prudente del riesgo tecnológico y de seguridad de la información. En adición a estas medidas, la Administración Monetaria y Financiera dispuso la actualización del capital mínimo obligatorio y la inclusión de nuevos requerimientos patrimoniales de naturaleza operativa para los agentes de cambio, así como para los agentes de remesa y cambio, en el contexto de su inclusión a la plataforma de negociación de divisas del BCRD.
