Santo Domingo.– La nueva Ley de Contrataciones Públicas (47-25) entra en vigor este miércoles, más de 180 días después de su promulgación, y marca un giro histórico en la lucha contra la corrupción administrativa al establecer penas de prisión para funcionarios y legisladores que negocien con el Estado.
La normativa sustituye por completo la antigua Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, vigente desde 2006, la cual prohibía a los funcionarios beneficiarse de contratos públicos, pero no contemplaba sanciones penales.
Promulgada el 28 de julio de 2025 por el presidente Luis Abinader, la nueva ley incorpora un marco sancionador robusto y moderniza los mecanismos de contratación pública. El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, adelantó que el reglamento de aplicación será publicado este martes.
Sanciones penales: de dos a diez años de prisión
La pieza legislativa, estudiada en el Congreso desde 2021, incluye un título penal que tipifica y castiga prácticas corruptas vinculadas a la contratación estatal.
El artículo 234 establece:
- De 2 a 5 años de prisión para funcionarios y legisladores que participen en negocios con el Estado.
- Hasta 10 años de cárcel para contratistas que ofrezcan sobornos para obtener obras, bienes o servicios públicos.
También se sancionan conductas como falsificación de información, tráfico de influencias y participación en contratos prohibidos.
Nuevas reglas: compras digitales, trazabilidad y fin de la fragmentación
La ley introduce cambios estructurales que buscan cerrar brechas históricas en los procesos de compras públicas:
1. Tienda Virtual obligatoria
Las instituciones deberán adquirir bienes y servicios a través de la plataforma oficial Tienda Virtual, siempre que los productos estén disponibles allí. Solo podrán salir de ese mecanismo si justifican mejores condiciones y reciben autorización de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
2. Prohibición de dividir compras
Se sancionará a las entidades que fragmenten contrataciones para evadir controles o evitar los umbrales que exigen licitaciones. No podrán realizarse compras separadas dentro de un período de tres meses si corresponden al mismo tipo de bien o servicio.
3. Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas
La ley institucionaliza el uso obligatorio del sistema digital donde deberán registrarse todas las fases del proceso: planificación, publicación, adjudicación, ejecución, pagos y cierre. Cualquier contratación realizada fuera de la plataforma carecerá de validez legal y podrá ser sancionada.
Una prioridad del Ejecutivo
El presidente Abinader había solicitado en noviembre de 2024 que el Congreso agilizara la aprobación de la reforma, que permaneció meses detenida en la Cámara de Diputados por desacuerdos entre sectores. Ocho meses después, ambas cámaras lograron un consenso que permitió su aprobación y posterior promulgación.
Con su entrada en vigor, el país adopta un marco legal más estricto, digital y transparente, orientado a reducir la discrecionalidad y fortalecer la confianza en el uso de los recursos públicos.
