Subsidios se disparan por conflicto en Medio Oriente y presionan las finanzas públicas ante escalada del petróleo.
El Gobierno dominicano ha destinado más de RD$6,486 millones en subsidios a los combustibles en apenas cuatro semanas, en un esfuerzo por contener el impacto de la escalada del petróleo provocada por el conflicto en Medio Oriente, una medida que comienza a generar fuertes presiones sobre las finanzas públicas.
Entre el 14 de marzo y el 10 de abril de 2026, el Estado ha absorbido el aumento internacional para mantener sin variación los precios de las gasolinas, el gasoil y el Gas Licuado de Petróleo (GLP), trasladando el costo directamente al presupuesto nacional.
El gasto ha mostrado una tendencia ascendente: RD$1,189.8 millones en la primera semana, RD$1,702.2 millones en la segunda, RD$1,682 millones en la tercera y RD$1,912 millones en la más reciente, evidenciando el impacto creciente de la volatilidad en los mercados energéticos.
Mientras se congelan combustibles clave gasolina premium en RD$305.10, regular en RD$287.50 y gasoil en hasta RD$257.10, otros derivados como el Avtur y el kerosene han registrado aumentos significativos, reflejando la presión real del mercado internacional.
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes defiende la medida como un mecanismo para proteger el poder adquisitivo de los hogares, sostener el transporte y evitar distorsiones en la cadena de suministro, especialmente en un período de alta demanda como la Semana Santa.
Sin embargo, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió que el esquema no es sostenible en el largo plazo. Señaló que, de mantenerse la tendencia alcista del crudo, el costo fiscal podría dispararse hasta RD$50,000 millones, un nivel que comprometería el equilibrio de las cuentas públicas.
El funcionario recordó que el país ha venido subsidiando los combustibles incluso en períodos de precios bajos, lo que ha acumulado una carga fiscal significativa y ha obligado a aplicar ajustes recientes en medio de la actual crisis energética.
En este contexto, el país enfrenta un dilema económico: mantener el blindaje de precios internos o trasladar parcialmente el impacto al consumidor, en un escenario internacional marcado por incertidumbre, tensiones geopolíticas y alta volatilidad en los mercados del petróleo.
