27 de marzo de 2026 – El jurista y exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, ha hecho un llamado enérgico al Congreso Nacional para aprobar la reforma al Código Laboral (Ley 16-92) basándose en el acuerdo tripartito alcanzado en 2024 entre Gobierno, sector patronal y trabajadores, advirtiendo que abrir nuevamente el debate «sería violentar la concertación social».
«El consenso ya existe: no hay nada que discutir más»
Alburquerque, quien también fue secretario de Estado de Trabajo entre 1991 y 2000 y participó en la redacción del código vigente desde 1992, destacó que la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo recoge los acuerdos logrados en el diálogo tripartito, donde se modificaron varios artículos de la legislación, pero se mantuvo intacta la cesantía –una conquista laboral que el experto aboga por proteger.
«En ese acuerdo llegaron todos los sectores. Lo que se conoce en la Cámara de Diputados es ese consenso, y no he visto que ningún legislador haya querido desconocerlo hasta ahora. Lo único que falta es agilizar su aprobación», sostuvo el miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo (FP).
Recordó que durante las discusiones de 2024, el sector empleador planteó modificaciones que no fueron aceptadas por los trabajadores, pero que finalmente se logró un punto de encuentro que debe respetarse.
Reforma incluye tele-trabajo y mejora derechos de empleadas domésticas
El proyecto de reforma moderniza la legislación laboral con un capítulo específico sobre el tele-trabajo, reconociendo a quienes laboran desde casa los mismos derechos que los trabajadores tradicionales. Entre las novedades se incluye el «derecho a la desconexión», que permite al empleado apagar dispositivos electrónicos una vez finalizada la jornada, y se define quién asume los costos de electricidad y equipos electrónicos.
Además, la propuesta mejora los derechos de las trabajadoras del hogar, otorgándoles todos los beneficios que hoy tienen otros trabajadores.
Apoya reducción de jornada laboral
Alburquerque, quien representó a la República Dominicana ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante casi una década, manifestó su total apoyo a reducir la jornada laboral de 44 a 40 horas semanales –una propuesta que presentó como abogado de las organizaciones trabajadoras durante el diálogo de 2024, aunque no fue aceptada por los empresarios.
Asimismo, favorece la implementación de la semana laboral de 36 horas, como la que ejecutan la Pontificia Universidad Católica madre y Maestra (PUCMM) y el Ministerio de Trabajo, ya que considera que esta medida incrementa la productividad.
