Gremio advierte que cambios del Gobierno no corrigen distorsiones del proceso
La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) advirtió que las modificaciones introducidas al pliego de condiciones de la licitación para la compra de camiones compactadores no corrigen las fallas estructurales que afectan la transparencia, la libre competencia y la credibilidad del proceso.
Acofave sostuvo que los ajustes realizados por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) son de carácter formal y no abordan los aspectos técnicos esenciales, manteniendo condiciones alejadas de la dinámica real del mercado que limitan la participación de oferentes calificados.
“Los camiones compactadores no son bienes disponibles para entrega inmediata, sino equipos que se fabrican bajo pedido, con procesos técnicos complejos que incluyen la integración del chasis y el sistema compactador, lo que conlleva plazos de entrega que, a nivel internacional, oscilan entre cuatro y ocho meses”, explicó la entidad en un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación e inconformidad”.
El Mapre dejó sin efecto la licitación inicial para la adquisición de 100 unidades, valorada en 760 millones de pesos, y anunció la revisión del proceso, reduciendo la cantidad a 50 camiones y ampliando el plazo de la primera entrega a 45 días calendario.
La institución precisó que la empresa adjudicataria dispondrá de 83 días desde la notificación de adjudicación hasta la entrega de la primera partida, para un total de 113 días en la entrega completa de los equipos.
Acofave consideró inaceptable que se mantengan requisitos desproporcionados respecto a la capacidad operativa de la industria, advirtiendo que esto desnaturaliza el carácter técnico de la licitación y genera dudas sobre su equidad.
“La reiteración de requisitos no técnicos o mal formulados en procesos de compras públicas contribuye a crear la percepción de que se diseñan condiciones para favorecer actores específicos, lo que socava la confianza en los procesos de contratación, afecta la libre competencia y reduce la posibilidad de que el Estado obtenga las mejores condiciones técnicas y económicas”, subrayó.
El gremio enfatizó que una adquisición de esta magnitud debe evaluarse bajo criterios de calidad, respaldo técnico, mantenimiento y sostenibilidad operativa, y no únicamente por la rapidez de entrega, por lo que reiteró su llamado a reformular integralmente el proceso para garantizar condiciones transparentes, razonables y alineadas con buenas prácticas.
