La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció la entrada en vigor de un nuevo reglamento que busca fortalecer la transparencia y corregir irregularidades históricas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
La medida, contenida en el Reglamento núm. DGCP-SNCP 01-2026, comenzará a aplicarse a partir del próximo 20 de agosto y procura garantizar que las actividades registradas por los proveedores coincidan con las que tienen formalmente declaradas ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La institución aclaró que la normativa no limita el crecimiento de las empresas ni restringe su expansión comercial. Sin embargo, establece mayores controles para asegurar que los proveedores participen en procesos de contratación relacionados con las áreas en las que realmente poseen experiencia y capacidad operativa.
Según explicó la DGCP, durante años algunas empresas registraron una gran cantidad de actividades económicas sin relación con su actividad principal, con el propósito de participar en múltiples licitaciones públicas.
El organismo sostuvo que esta práctica generaba riesgos operativos, jurídicos y financieros para el Estado, además de afectar la competencia entre empresas especializadas.
La entidad destacó que la especialización de los proveedores permitirá mejorar la calidad de los bienes y servicios contratados por las instituciones públicas, promoviendo una competencia más justa y transparente.
Como parte de la reforma, las actividades económicas registradas en la DGII serán clasificadas en el RPE utilizando el Catálogo de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, lo que permitirá una identificación más precisa de las capacidades de cada proveedor.
La DGCP indicó que una actividad económica principal podrá desagregarse en varias actividades específicas dentro del registro, garantizando que las empresas mantengan sus oportunidades de participación sin perder espacios legítimos de mercado.
La institución afirmó que esta iniciativa forma parte de una estrategia para elevar la calidad del gasto público, optimizar el uso de los recursos estatales y fortalecer la integridad de las contrataciones gubernamentales.
“Esta medida es un pilar fundamental para contrarrestar la ilegalidad y la opacidad en los contratos estatales, asegurando que el Estado dominicano contrate solo con proveedores idóneos, transparentes y formalmente responsables”, señaló la entidad.
