El cumplimiento de las obligaciones tributarias puede convertirse en una herramienta fundamental para detectar riesgos de lavado de activos y otras actividades ilícitas, afirmó el fiscal Ernis Mella durante un conversatorio organizado por la World Compliance Association, Capítulo República Dominicana (WCA-RD).
Durante su intervención, Mella sostuvo que las declaraciones fiscales, los registros financieros y la documentación de las operaciones proporcionan información valiosa para identificar inconsistencias y rastrear movimientos sospechosos dentro del sistema económico.
El representante del Ministerio Público destacó que el cumplimiento tributario y la prevención del lavado de activos deben abordarse de manera conjunta, ya que ambos comparten objetivos relacionados con la transparencia, la trazabilidad de las operaciones y la protección de la integridad financiera.
También, señaló que las empresas que mantienen registros confiables, información veraz y operaciones debidamente documentadas fortalecen la confianza de inversionistas, clientes y autoridades, además de reducir riesgos legales y reputacionales.
Mella explicó que la prevención efectiva va más allá del cumplimiento formal de requisitos. A su juicio, es necesario analizar la sustancia económica de las operaciones y verificar que exista coherencia entre la actividad declarada y los movimientos financieros realizados.
Entre las principales señales de alerta mencionó los incrementos patrimoniales sin justificación, las transacciones inusuales, las operaciones que no se corresponden con el perfil económico de una persona o empresa y la documentación sin respaldo económico real.
El fiscal también advirtió que algunas estructuras societarias complejas pueden utilizarse para ocultar la identidad de los beneficiarios finales de los recursos. Sin embargo, aclaró que este tipo de esquemas no implica necesariamente una irregularidad, aunque sí puede requerir mayores niveles de supervisión y debida diligencia.
Además, resaltó la importancia de aplicar un enfoque basado en riesgos para concentrar los esfuerzos de control en los casos con mayor probabilidad de incumplimiento, optimizando así los mecanismos de prevención.
Durante el encuentro, Mella enfatizó que los programas de cumplimiento deben incluir capacitación continua, monitoreo permanente y una cultura organizacional orientada a la gestión de riesgos.
“El impacto más costoso del incumplimiento no siempre es la sanción económica; muchas veces se refleja en la pérdida de confianza”, expresó.
Finalmente, indicó que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal representará nuevos desafíos para las organizaciones, ya que las autoridades evaluarán no solo la existencia de programas de cumplimiento, sino también su aplicación efectiva dentro de las empresas.
