SANTO DOMINGO. El especialista en prevención de lavado de activos, Roberto Mella Cohn, advirtió en su más reciente artículo sobre un peligroso vacío procesal que afecta a los oficiales de cumplimiento en la República Dominicana, quienes están siendo citados a los tribunales como testigos en procesos penales de delincuencia organizada, tras cumplir con su deber de suministrar información financiera.
El consultor explicó que, si bien la Ley núm. 155-17 protege a estos profesionales, el esquema actual los deja desprotegidos al «ponerlos en la vitrina» judicial frente a imputados de alta peligrosidad.
Mella Cohn aclaró que el peligro no surge de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sino de los requerimientos de información que hace directamente el Ministerio Público. Al obligar al oficial a comparecer físicamente para validar dichos documentos institucionales, se genera una exposición innecesaria que desnaturaliza su rol.
»El oficial no presenció el delito. No participó en la transacción como actor penal. No es policía, fiscal ni agente encubierto. Es un empleado o funcionario de una entidad privada que cumplió con una obligación legal de colaboración». Añadió
Ante este escenario, el experto formuló un llamado al Ministerio Público para que adopte reglas de buena práctica institucional, utilizando la prueba documental como evidencia suficiente sin necesidad de arrastrar al colaborador al estrado.
»La persecución penal necesita información, pero el sistema preventivo necesita confianza. Si rompemos esa confianza, ganamos una audiencia, pero podemos perder años de construcción institucional». concluyó el especialista, instando a preservar la comparecencia testimonial solo para los actores directos de los hechos punibles.
