La Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados inició un proceso de socialización con expertos y representantes del sector de las Criptomonedas para analizar los proyectos de ley que buscan regular los activos digitales en la República Dominicana.
Durante una reunión encabezada por el presidente de comisión; Francisco Javier Paulino, participaron representantes de la Asociación de Bitcoin Dominicana y de plataformas vinculadas al ecosistema de criptomonedas, quienes expusieron sus consideraciones sobre la necesidad de establecer un marco legal para este tipo de activos.
Paulino informó que fueron fusionadas dos iniciativas legislativas: el proyecto de ley de prevención, control y regulación de las criptomonedas, presentado por el diputado Carlos de Pérez y el proyecto sobre activos digitales y criptoactivos sometido por el diputado Jorge Fría.
Pedro Vital García, presidente de la Asociación de Bitcoin Dominicana, explicó a los legisladores el funcionamiento del Bitcoin y destacó la importancia de contar con una legislación que brinde seguridad jurídica a usuarios e inversionistas.
El especialista señaló que el Bitcoin ha generado terreno como método de intercambio y reserva de valor en diferentes paises, diferenciándose de otros activos digitales por sus características y usos dentro del sistema financiero.
Asimismo, explicó que las llamadas monedas estables han surgido como una alternativa vinculada al valor del dólar, permitiendo reducir la volatilidad que caracteriza a algunas criptomonedas.
Durante el encuentro, la abogada Ana Lisbeth Matos presentó observaciones relacionadas con la legislación sobre lavado de activos, con el objetivo de evitar posibles conflictos entre la futura normativa de criptoactivos y las leyes vigentes en materia de prevención de delitos financieros.
Los diputados aprovecharon la jornada para realizar preguntas sobre el funcionamiento de las criptomonedas y su impacto en la economía, mientras que la comisión anunció que también escuchara las opiniones del Banco Central, Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos antes de emitir un informe definitivo.
