Santo Domingo, R.D. – 24 de abril de 2026 – La empresaria Ligia Bonetti ha abordado el tema de los incentivos fiscales. Aunque en el pasado ha sido un asunto complejo debido a excesos cometidos, se considera que el problema radica en la aplicación y no en la esencia de los incentivos.
Se reconoce que abusos han afectado el tejido económico nacional. Sin embargo, se indica que el crecimiento dominicano ha sido resultado de decisiones. Se mencionan el turismo, impulsado por la Ley 158-01, y las zonas francas, bajo la Ley 8-90, como ejemplos de sectores que se desarrollaron a partir de políticas de estímulo. Estos han generado empleos, inversión y un posicionamiento internacional.
Negarse a explorar mecanismos similares para la manufactura local se consideraría inconsistente. Bonetti advierte que el costo fiscal es elevado y la carga tributaria se distribuye de manera desigual, con algunos sectores al margen y otros soportando la mayor parte del sistema.
Se señala que retornar al esquema de sustitución de importaciones no sería una medida adecuada. El desafío reside en evitar tales desviaciones.
Un primer paso sería establecer reglas que orienten y limiten los incentivos. Entre ellas, enfocar los incentivos hacia la exportación y el nearshoring. Esto evitaría inflar el mercado interno con empresas dependientes de protección. Se propone un modelo similar al de Costa Rica con la llegada de Intel, en lugar del proteccionismo tradicional.
Otro punto es privilegiar la creación de ecosistemas productivos en lugar de apuestas aisladas. Esto implica no solo atraer empresas, sino también fomentar redes como encadenamientos, proveedores locales y transferencia de capacidades. La experiencia del programa Encadenados se presenta como referencia.
Asimismo, se propone corregir las fallas de diseño de la Ley 392-07, cuya exigencia de alta rentabilidad, limitada inclusión de pymes y escasa adopción han reducido su alcance. Los incentivos no deben ser un privilegio para grandes empresas, sino una herramienta para el escalamiento productivo.
Un principio es que los incentivos deben tener fecha de caducidad. Sin este límite, pueden convertirse en una carga perpetua y una fuga del gasto tributario.
La comparación entre América Latina y Asia muestra una diferencia en la disciplina impuesta al sector privado. Mientras en América Latina se permitieron excesos, en Asia se establecieron condiciones: plazos, revisiones, metas verificables en empleo formal, exportaciones, transferencia tecnológica y encadenamientos locales, bajo criterios de transparencia y coherencia con la política productiva.
En resumen, el apoyo estatal debe estar sujeto a resultados medibles y retirarse si estos no se materializan. Esto permitiría que los incentivos funcionen como una palanca para el desarrollo.
