¿Qué es la Abogacía?
Según el artículo 3 de la Ley 3-19, que da vida al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), la abogacía es una «profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público. Se ejerce en régimen de libre y leal competencia, bajo la fiscalización y supervisión del CARD». No es un oficio cualquiera, sino una función social esencial para la existencia misma del Estado de Derecho.
Resulta profundamente doloroso para los abogados que entendemos el Derecho como una noble carrera al servicio de la justicia, leer afirmaciones que generalizan y estigmatizan a nuestro gremio. Esto no solo es injusto, sino que ignora la esencia misma de nuestra labor y las normas éticas que nos rigen.
La profesión de abogado es digna por naturaleza. Muchos llevamos el sustento de nuestras familias de manera honesta, trabajando día a día con esfuerzo, sacrificio y respeto a la ley, alejados de prácticas indebidas y defendiendo los derechos de quienes nos necesitan.
Estamos comprometidos a observar los principios constitucionales y las normas de carácter ético. Defender a alguien, incluso a quien la sociedad señala como culpable, no es un acto de maldad, sino un deber sagrado garantizado por la Constitución y las leyes.
Nadie puede ser juzgado ni condenado sin un juicio previo, y sin abogados no hay procesos judiciales justos: jueces, fiscales y defensores somos, en esencia, abogados. La defensa técnica no «ampara el crimen», sino que protege al ser humano de un posible error judicial, velando porque se cumpla el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Sin una defensa técnica adecuada, no existe proceso; solo hay persecución.
Es cierto que, como en toda profesión, existen elementos indeseables que empañan la imagen con prácticas deshonestas. Pero de ahí a afirmar que quienes defienden a imputados actúan «sin conciencia» o por «dinero de sangre», hay un evidente acto de profunda injusticia. La ética profesional exige actuar con lealtad al cliente y a la ley, no al sentimiento popular ni al linchamiento mediático.
Etiquetar de forma peyorativa a quienes garantizamos la presunción de inocencia es un insulto a la historia de la humanidad, que ha luchado siglos para desterrar la venganza privada. El verdadero abogado no busca el mal, sino que procura que se cumpla la ley y, en ese ejercicio, protege los derechos de todos, incluidos aquellos a quienes el populismo penal quiere negar un juicio justo con todas las garantías que las leyes establecen a su favor.
Detrás de cada toga hay historias de esfuerzo, años de estudio, sacrificios y renuncias. No podemos permitir que el trabajo honesto de miles sea opacado por la crítica ligera o el prejuicio. La inmensa mayoría de los profesionales del derecho vivimos con decoro, cumplimos nuestras obligaciones y contribuimos al desarrollo del país con el fruto de nuestro trabajo. Somos padres, madres y ciudadanos ejemplares que merecemos respeto.
Atacar la defensa de los imputados, sin importar el delito del cual se les acuse, es atacar los cimientos mismos de la democracia. La abogacía es sinónimo de libertad y dignidad, y defender nuestro honor es defender los derechos de toda la sociedad. Sin abogados que defiendan la ley, no hay justicia posible; solo queda el arbitrio del más fuerte.
