Santo Domingo, RD – 09 de abril de 2026 – La Contraloría General de la República ha dado un paso firme hacia la eficiencia y la transparencia en la gestión pública al intensificar su labor de fiscalización. En un período menor a dos meses, el órgano rector del control interno ha logrado completar y socializar 15 auditorías preliminares con diversas instituciones del Estado, un hito que subraya su creciente capacidad operativa y técnica.
Geraldo Espinosa, contralor general de la República, destacó que este proceso sistemático de socialización no solo busca fortalecer el control en el uso de los recursos públicos, sino también actuar de forma preventiva. «Estamos fortaleciendo la fiscalización de la ejecución de los recursos públicos en todas las instituciones del Estado y, al mismo tiempo, actuando de forma preventiva», afirmó Espinosa.
Transparencia y derecho a réplica: un nuevo estándar
La metodología implementada por la CGR incluye la presentación de informes preliminares a las entidades auditadas. Este mecanismo es crucial, ya que permite a los incumbentes de los organismos tener conocimiento detallado de las observaciones y, a su vez, «presentar sus réplicas a los informes de auditorías», garantizando un proceso justo y transparente.
Entre las instituciones que recientemente han pasado por este escrutinio y han participado en la presentación de sus informes preliminares, se encuentran la Dirección General de Presupuesto (Digepres), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).
Un paso adelante en la gobernanza pública
La intensificación de la labor de la Contraloría General de la República es vista como una herramienta esencial para fortalecer la supervisión institucional y fomentar una cultura de rendición de cuentas. Al acelerar los procesos de auditoría y asegurar la socialización de los informes, la CGR no solo cumple con su rol fiscalizador, sino que se posiciona como un actor clave en la mejora continua de la gobernanza y la protección del erario público.
Este enfoque proactivo y eficiente busca asegurar que los recursos del Estado sean utilizados de manera óptima y transparente, blindando las finanzas públicas contra posibles irregularidades y promoviendo una gestión más responsable en todas las esferas gubernamentales.
