SANTO DOMINGO, 31 de marzo de 2026.- La República Dominicana se enfrenta a una oportunidad histórica de impulsar su economía mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, con proyectos de tierras raras en Pedernales, oro en San Juan de la Maguana y Dajabón, e incluso indicios de petróleo en zonas como Azua y el Cibao profundo. Sin embargo, para materializar este potencial, es urgente reformar la legislación minera vigente desde 1971, según afirmó Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana (Camiperd).
Proyectos avanzan en distintas regiones
En la provincia sureña de Pedernales, los trabajos de exploración de tierras raras avanzan “aceleradamente” bajo los pasos técnicos establecidos: primero la prospección, luego la solicitud de términos de referencia y posteriormente el estudio de impacto ambiental. “Saber que existe un mineral no significa que sea explotable comercialmente; ahora buscamos determinar su viabilidad económica”, aclaró Valerio.
Por su parte, el proyecto de San Juan de la Maguana ya cuenta con los términos de referencia para iniciar su estudio de impacto ambiental, que se espera listo para finales de este año. Con reservas estimadas en 8 millones de onzas de oro en su primera etapa, el desarrollo ha generado empleos y dinamismo en la zona, además de un trabajo constante de acercamiento con la comunidad para superar la oposición inicial.
En Dajabón, las exploraciones han confirmado indicios significativos de oro que justifican avanzar a la siguiente etapa, aunque el proyecto espera la entrega de los términos de referencia correspondientes. “El silencio administrativo no es prudencia, es parálisis que afecta el desarrollo”, criticó Valerio, quien también mencionó zonas como Santiago Rodríguez y el Cibao profundo como puntos con potencial minero e hidrocarburífero.
Licencia social y desarrollo territorial
Uno de los principales desafíos del sector es obtener la “licencia social” de las comunidades, especialmente ante resistencias basadas en experiencias negativas del pasado. “Se genera en el proceso, no con el resultado: conversando, escuchando y demostrando aportes concretos como escuelas, policlínicas e infraestructuras”, explicó el ejecutivo.
Valerio destacó que provincias con actividad minera consolidada, como Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel, presentan mejores índices de desarrollo humano, mientras que zonas con potencial como San Juan, Pedernales o Dajabón enfrentan altos niveles de pobreza. “La minería puede ser una herramienta de desarrollo si se hace bien”, sostuvo.
Reforma legislativa es clave
La ley minera actual data de hace más de 50 años, anterior a la creación de entidades como el Ministerio de Medio Ambiente o el de Energía y Minas, y no refleja los estándares modernos de sostenibilidad. “Necesitamos mecanismos claros para que los beneficios lleguen a las comunidades, tomando como referencia modelos exitosos como el de Chile”, indicó Valerio.
En materia de hidrocarburos, el director de Camiperd señaló que existen indicios de petróleo en el país, pero es necesario promover licitaciones para que empresas especializadas evalúen su viabilidad. “Debemos superar el miedo y la desinformación; la minería debe operar responsablemente, dentro del marco legal y con respeto al medio ambiente”, concluyó.
