Santo Domingo, 27 de marzo de 2026 – La Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM), que vincula la renovación y tramitación de permisos laborales de extranjeros a la presentación de contratos formales registrados en el Ministerio de Trabajo, ha generado un panorama de opiniones encontradas en el país, con sectores productivos que la ven como un paso hacia la formalización y comunidades extranjeras que alertan sobre posibles dificultades prácticas.
La medida, que no reconoce actividades informales como motoconcho, taxi, ventas ambulantes o delivery como sustento para obtener permisos, fue presentada por la DGM como un esfuerzo por organizar y reforzar el cumplimiento de la legislación existente, no como un conjunto de requisitos nuevos.
Sector agrícola acoge la iniciativa, pero reclama mayor agilidad
Desde el campo, donde predomina la mano de obra haitiana, los productores valoran la disposición como positiva para combatir la informalidad, aunque destacan la necesidad de mecanismos más flexibles de regularización, ya que los planes en curso se encuentran detenidos.
«En muchos casos no contamos con trabajadores regularizados, lo que nos obliga a contratar de forma continua sin la debida documentación», explicó Gil Blas Martínez, presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano). Los representantes del sector también señalaron que los costos y trámites burocráticos representan una carga adicional para los empleadores.
Expertos alertan sobre impacto económico y derechos adquiridos
William Charpantier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y los Refugiados, reconoció la legalidad de la resolución, pero advirtió que su implementación en el contexto actual podría afectar la economía nacional en sectores clave como construcción, turismo y agricultura.
«Va más allá de la legalidad: la medida podría afectar derechos adquiridos de trabajadores que ya fueron regularizados y limita la movilidad laboral de los extranjeros, vinculando al empleador en responsabilidades que corresponden al Estado», manifestó Charpantier, quien consideró que esto podría generar distorsiones en el mercado laboral.
Reacciones diversas entre comunidades extranjeras
Mientras representantes de la comunidad empresarial china indicaron que sus empresas ya cumplen con las normas laborales y promueven la contratación de personal con estatus legal –como destacó Rosa NG, miembro de la Junta Directiva de la Colonia China–, los ciudadanos venezolanos residentes en el país expresaron dudas y preocupaciones.
El periodista Javier Lunar valoró que la exigencia de contratos formales fortalezca la transparencia y proteja derechos laborales, pero alertó sobre el impacto en quienes dependen del trabajo informal. Otros venezolanos, como Rafael Rodríguez y Alondra Arias, señalaron dificultades como la obtención de documentos, la eliminación de la declaración jurada como prueba de ingresos y retrasos en trámites, que podrían dejar a muchos en situación de incertidumbre.
Todos los actores coincidieron en la necesidad de un mayor diálogo entre las autoridades y los sectores involucrados, para adaptar las políticas migratorias al contexto económico y encontrar un equilibrio entre el control migratorio y la operatividad del mercado laboral.
