El acceso a financiamiento para adquirir una vivienda social continúa ampliándose en República Dominicana gracias al fortalecimiento del modelo de fideicomiso y a la expansión del crédito hipotecario en los últimos años. Datos recientes muestran que este esquema ha permitido dinamizar la construcción y facilitar que miles de familias de ingresos medios y bajos puedan optar por una vivienda digna.
Durante 2025, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) desembolsó RD$2,246.9 millones correspondientes a 9,017 bonos de vivienda de bajo costo, un beneficio que se otorga exclusivamente a proyectos certificados bajo la Ley 189-11 de Fideicomiso. Este mecanismo garantiza transparencia en el uso de los recursos y seguridad tanto para las entidades financieras como para los adquirientes.
El crecimiento del crédito hipotecario también ha sido determinante. Según cifras del sector bancario, los préstamos para adquisición y construcción de viviendas registraron un incremento sostenido entre 2017 y 2025, reflejando la confianza del sistema financiero en el mercado inmobiliario y la demanda creciente de soluciones habitacionales.
Para el presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Christopher, el cumplimiento del marco legal del fideicomiso es clave para mantener un desarrollo ordenado del sector. Destacó que este modelo protege a los compradores y asegura a los bancos el repago de los préstamos interinos, fortaleciendo la cadena de financiamiento.
Sin embargo, Christopher advirtió que persisten desafíos importantes. Aunque el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz generó una alta expectativa ciudadana —con más de 700 mil personas inscritas—, la cantidad de viviendas entregadas quedó muy por debajo de la demanda proyectada. Esta brecha evidencia la necesidad de ampliar la capacidad operativa y presupuestaria del programa para responder al interés real de la población.
En términos territoriales, Santo Domingo Este continúa liderando el desarrollo de proyectos habitacionales, seguido por el Distrito Nacional, Santiago y polos turísticos del Este como Bávaro, Punta Cana e Higüey. No obstante, el sector insiste en que la inversión pública en vivienda, cercana al 2% del PIB, debería duplicarse para lograr un impacto más equilibrado en todo el país.
Para 2026, el tope de clasificación de vivienda de bajo costo será ajustado conforme a la inflación, manteniendo su función como herramienta de acceso para familias que buscan adquirir su primera vivienda. Entre los requisitos principales se mantiene que el inmueble sea destinado a uso familiar directo y que el adquiriente esté inscrito en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC).
El fideicomiso se consolida así como un pilar del mercado inmobiliario dominicano, permitiendo mayor seguridad jurídica, acceso al crédito y una ruta más clara hacia la vivienda propia para miles de hogares.
